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Libertad de prensa


La Primera Enmienda prohíbe al Congreso aprobar cualquier ley que restrinja la libertad de prensa. Los fallos futuros de la Corte Suprema hicieron que esto se aplicara también a todos los niveles inferiores del gobierno. Durante el período en que el Congreso estaba debatiendo la Declaración de Derechos en 1789, Benjamin Franklin expresó su preocupación por el posible abuso de tales derechos. En un artículo titulado "Un informe del Tribunal Supremo de la Judicatura de Pensilvania, es decir, el Tribunal de Prensa", escribió:

En cuyo favor y para cuya función se establece este Tribunal. A favor de alrededor de un ciudadano de cada quinientos, que por educación o práctica en el garabato ha adquirido un estilo tolerable en cuanto a gramática y construcción, para soportar la imprenta; o que posea una prensa y unos tipos. Esta quinientas parte de los ciudadanos tiene el privilegio de acusar y abusar de las otras cuatrocientas noventa y nueve partes a su gusto; o pueden alquilar sus bolígrafos y presionar a otros para ese propósito.

Naturalmente, una prensa libre requiere que los editores puedan sentirse personalmente seguros cuando imprimen opiniones que son ofensivas para el gobierno. En 1799, Filadelfia Aurora fue uno de los principales periódicos republicanos y un feroz crítico de varias acciones federales, incluidas las acciones del ejército en su represión de la rebelión de Frie. Como resultado, su editor, William Duane, fue atacado por algunos soldados. Duane protestó en su periódico, pero nadie fue castigado. Los republicanos consideraron las Leyes de Extranjería y Sedición como un ataque a la Primera Enmienda. Los federalistas argumentaron que la Ley de Sedición dejó intacta la libertad de prensa garantizada por el derecho consuetudinario, que permitía entablar demandas por difamación contra alguien que había dicho la verdad. James Madison escribió una resolución que fue adoptada por la Asamblea de Virginia en enero de 1800: expresando su interpretación de la garantía de libertad de prensa de la Primera Enmienda, que se convertiría en la posición establecida de la Corte Suprema:

Prohibir, por tanto, la intención de excitar esos sentimientos desfavorables contra quienes administran el Gobierno, equivale a prohibir la excitación real de ellos; y prohibir la excitación real de ellos equivale a prohibir las discusiones que tengan esa tendencia y efecto; lo cual, nuevamente, equivale a una protección de quienes administran el Gobierno, si en algún momento merecieran el desprecio u odio del pueblo, contra ser expuestos a él por libres animadversiones sobre su carácter y conducta. Tampoco puede haber duda, si las leyes penales protegen a quienes gozan de la confianza pública de las restricciones de la prensa que puedan exponerlos al desprecio, al descrédito o al odio, cuando lo merezcan, que, en la proporción exacta que puedan merecen ser expuestos, será la certeza y criminalidad del intento de desenmascararlos, y la vigilancia de perseguirlos y castigarlos; ni cabe duda de que un gobierno así atrincherado en estatutos penales contra los efectos justos y naturales de una administración culpable eludirá fácilmente la responsabilidad que es esencial para el fiel cumplimiento de su deber.


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